Santo Domingo. – Más de 60 exdirectores regionales, distritales, adjuntos y subdirectores del Ministerio de Educación (Minerd) denunciaron que sus derechos laborales adquiridos han sido vulnerados tras ser removidos de sus cargos, y aseguran haber sido objeto de degradación salarial arbitraria.
Los afectados reclaman que aún no se les aplican incentivos establecidos por ley, como la compensación por evaluación de desempeño, la titulación académica y el reconocimiento por años en servicio. Califican la situación como una “injusticia institucional” que atenta contra la equidad, el mérito profesional y el respeto a la trayectoria dentro del sistema educativo.
Los exfuncionarios, miembros del Frente Magisterial José Francisco Peña Gómez y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sostienen que en más de dos décadas de historia administrativa del Minerd nunca se había degradado salarialmente a directivos al salir de sus funciones. A través de un documento depositado ante el Ministerio de Administración Pública (MAP), y notificado al ministro Luis Miguel De Camps, exigen la corrección inmediata de estas acciones.
De acuerdo con los denunciantes, el origen del conflicto se remonta a la gestión del exministro Ángel Hernández, y aseguran que la situación persiste sin rectificación. El 2 de abril de 2025 presentaron una solicitud formal de revisión y corrección ante el Minerd, sin recibir respuesta hasta la fecha. Advierten que, de continuar el silencio administrativo, llevarán el caso al Tribunal Superior Administrativo e incluso al Tribunal Constitucional.
Los reclamantes sustentan su exigencia en la Ley 107-13, que protege los derechos de las personas en su relación con la administración pública, y alegan que el Minerd había mantenido por años la práctica de conservar los salarios base e incentivos a exdirectivos, configurando así un derecho adquirido amparado por la ley.
También denuncian que existen funcionarios en funciones similares que actualmente reciben salarios hasta en un 80% más altos, lo que consideran una violación al principio de igualdad ante la ley.
Mediante un recurso administrativo, los exdirectores exigen:
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Revisión y anulación de las medidas que redujeron sus salarios.
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Restitución de montos previamente percibidos, incluyendo los beneficios por ley.
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Pago retroactivo de las diferencias salariales desde la aplicación de la medida.
“Esta es una lucha por justicia y por el reconocimiento de años de servicio honesto. No pedimos privilegios, exigimos lo que en derecho nos corresponde”, concluye el documento.
